Islas Caimán, Panamá y Luxemburgo, los paraísos fiscales que habría usado Shakira
La Fiscalía de Barcelona ha solicitado una pena de ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23.8 millones de euros para Shakira, quien ha sido acusada de seis delitos contra la Hacienda pública española por cometer un fraude de 14.5 millones de euros entre 2012 y 2014.
El ministerio público presentó este viernes un escrito de acusación ante la Justicia catalana, después de que la artista colombiana rechazara el pasado miércoles un último acuerdo de la Fiscalía para rebajar las penas y evitar el juicio.
Anteriormente, Shakira ya había pagado los 14.5 millones de euros que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres millones por concepto de intereses, por lo que se le ha aplicado la atenuante de reparación de daños para reducirle la pena, que podría ser de hasta seis años en prisión por cada delito.
Pero no todo está perdido para la intérprete del éxito ‘Te felicito’, ya que como ninguna de las penas solicitadas supera los dos años de cárcel y carece de antecedentes, en caso de una eventual condena, podría beneficiarse de una suspensión de la sanción y con ello evitar la prisión.
El pasado mes de mayo, la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez de enviar a la ganadora del Grammy a juicio, ante los indicios de que residía en España “de manera habitual” entre los años 2012 y 2014. Se dice que la cantante compró una mansión a la que hizo algunas reformas avaladas con facturas, rentó un estudio de grabación por un año y además llevó el control prenatal de su primer hijo en una clínica de la capital española, lo que a fiscalía considera pruebas irrefutables de que vivía en España.
Según el ministerio público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo lo fueron por “motivos profesionales, con una duración muy corta”, a excepción de la temporada en que participó en el programa estadounidense ‘The Voice’, que según estimaciones fueron 61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014.
La acusación mantiene que, al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira “era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial”, tanto respecto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) como al impuesto del patrimonio.
Según la Fiscalía, para evitar el pago de impuestos en España, la cantante “utilizó un entramado societario”, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo , con la intención de ocultar sus ingresos y su patrimonio.
El órgano también sostiene que el “plan” de la cantante consistía en que sus empresas figurasen formalmente como titulares de sus ingresos, mientras que ella solo constaba “en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales” a las que fueron a parar la mayor parte de sus rentas.
